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 Los tribunales europeos dictaminaron que el canon digital era demasiado indiscriminado porque lo pagaban también quienes no empleaban los soportes digitales para hacer copias privadas de música o películas. La solución del Gobierno consiste en que lo paguemos todos, aunque no hayamos visto un CD o un disco duro ni de refilón. Al parecer eso no es indiscriminado.
Pero, con todo, eso no es lo más grave del nuevo régimen sancionador que han preparado el ministro Wert y el secretario de Cultura Lassalle. El borrador que se ha filtrado no intenta establecer un régimen justo en el que se intenten equilibrar los intereses de usuarios y autores, sino uno hecho a la medida del lobby cultural, hasta el extremo de que parece más elaborado por los abogados de la SGAE que por un Gobierno que se presenta a las elecciones de vez en cuando
Lo primero que cabe resaltar es que se mantiene el pago compensatorio por el derecho a la copia privada, que ahora pagaremos todos de nuestros impuestos, al mismo tiempo que se restringe enormemente ese derecho. Así, sólo las personas físicas podrán hacer copias y sólo para uso privado. Además, con la nueva redacción se prohíbe hacer copias de otras copias, o de fuentes de comunicación que permitan discriminar previamente qué se está copiando. Dicho de otro modo: las descargas directas o las que se hacen a través de redes P2P dejarán de estar amparadas por el derecho de copia privada. Sólo estarán permitidas las grabaciones de programas de radio o televisión.
Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá al lobby cultural sortear el grave problema que se estaban encontrando para perseguir a los usuarios de internet. Al no ser un delito, sino un ilícito civil, los tribunales no podían pedir a los proveedores la dirección IP del infractor, que es un dato protegido. De modo que no podían identificar al infractor y demandarle. A partir de ahora, podrán pedir esa diligencia preliminar en un proceso civil.
De este modo, los españoles sufriremos lo peor de ambos mundos: pagaremos a través de impuestos una compensación a los autores como otros países de la Europa continental a cambio de poder ser perseguidos judicialmente como sucede en países anglosajones como Reino Unido o Estados Unidos.
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